Dentro de unos días se cumple UN AÑO del fatídico accidente aéreo de Barajas y OCHO del accidente del BINTER Málaga-Melilla, y aunque, el resultado funesto fue cuantitativamente peor en el primero, entre ambos se vislumbran, y cada vez más a medida que discurre el tiempo, circunstancias semejantes (me atrevería a decir que alarmantemente miméticas).
Ya dijimos desde el primer día, y sentimos ser reiterativos, que si las víctimas no se ponen de acuerdo entre ellas y encargan la realización de una investigación privada sobre el origen del luctuoso siniestro, no iban a conocer nunca la verdadera causa del accidente; pues ni la Comisión de Investigación de Ministerio de Fomento, ni el propio Juzgado Instructor del Proceso Penal, iban a profundizar sobre el mismo, dando de alguna forma respuesta a la primera de las inquietudes morales de la propia víctima: el conocimiento.
Y es que no hay que olvidar que, lo primero que los familiares pretenden, y por encima de la propia acción resarcitoria que pueda compensar la pérdida o el daño por parte de la Compañía Transportista o su Aseguradora, es conocer que pasó realmente y porqué se han visto en segundos desposeídos de sus seres queridos o mutilados o mermados partes de su cuerpo.
Y no nos engañemos, pese a las promesas por parte del Ministerio de Fomento de esclarecer las causas del desastre en el plazo legalmente establecido (TRES meses para el Informe Preeliminar), se nos ofreció un resumen donde, con evidentes contenidos técnicos y sin conclusiones, se nos restringe del conocimiento sobre el origen o causa del infructuoso despegue del aparato. ¡Igual que en Málaga!
Andando el tiempo han sido los propios medios de comunicación, los que han ido especulando sobre el origen del mismo, dándonos versiones disparatadas y sin fundamentación técnica o lógica alguna, aumentando con creces la sozobra de los familiares y víctimas.
A fecha de hoy y tras un proceso que se vislumbra lento y tedioso, solo hay unos pocos imputados que, además de resultar ser “el extremo del hilo del que tirar” y con el escaso material probatorio existente en las actuaciones, solamente se juegan a la postre a un par de años de inhabilitación y una multa que nunca abonarán.
Y lo peor de todo es que irá pasando el tiempo, todo irá disipándose y, dentro de escasos OCHO años -tal y como ocurrió en el accidente de Málaga- apenas quedará más que un puñado de euros recibidos (o dolares para aquellos que reclamen por vía americana), gastados entre otras cosas, en marcos de fotos que soporten el retrato de los seres queridos de los que recordarán una vez al año, y “aquí paz y allá gloria”.
Hoy he recordado a aquellas víctimas del accidente de Málaga. Embargado por el recuerdo, he descolgado el teléfono y he llamado a la viuda de uno de los familiares fallecidos en el 2001 (a quien el accidente dejó sin esposo y a cargo de hijos menores). Tras rememorar con indignación las tremendas vicisitudes jurídicas que tuvimos que soportar en los procedimientos penales y civiles y la rabia que contuvimos cuando conocimos (por nuestra cuenta, claro está) que motivó aquel fatal accidente, se me ha ocurrido preguntarle si le mereció la pena la elevada compensación económica concedida por la Audiencia Provincial de Málaga (elevada pues multiplicaba con creces los límites que se indican en los baremos ordinarios); la respuesta ha sido la que esperaba: “¡lo devolvería multiplicado por infinito, si con ello me devuelven a mi marido!”. Precisamente creo que esto no será posible.
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