Temboury Abogados

L’Hospitalet de Llobregat (Europa Press). – El Juzgado de lo penal número 3 de Barcelona ha condenado por una falta de imprudencia a un médico de L’Hospitalet de Llobregat por la muerte de un bebé durante un parto en 2006.

El acusado deberá indemnizar con 90.000 euros a los padres del bebé, según informó la asociación Defensor del Paciente. Los hechos tuvieron lugar el 15 de julio de 2006 cuando los denunciantes acudieron a un hospital de L’Hospitalet para dar a luz.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el informe del médico forense determina que las características del parto -el de una mujer primeriza con anestesia epidural sin progreso en la expulsión del feto- recomendaban el uso de técnicas instrumentales. Sin embargo, el médico utilizó una maniobra denominada de Kristeller, recomendada al inicio de los pujos cuando los músculos abdominales tratan de expulsar al bebé del interior del útero materno.

El informe médico forense considera que la actuación del doctor “no fue todo lo correcta que la praxis médica requiere para estos casos”. Tras el nacimiento, el bebé falleció por un fallo multiorgánico y daños cerebrales causados por el periodo prolongado de parto.

La sentencia fue dictada el pasado 18 de enero antes de la celebración del juicio después de que la acusación, la defensa y la fiscalía llegaran a un acuerdo. El médico deberá pagar 90.000 euros a los padres en concepto de responsabilidad civil y 675 euros en concepto de multa.

La presidenta de la asociación Defensor del Paciente, Carmen Flores, aseguró que sentencias como ésta “deben ayudar a que estos hechos no se vuelvan a repetir”. Flores criticó que “en España hay una cantidad importante de niños que fallecen por negligencia médica porque son sometidos a sufrimiento fetal ya que hay una creencia de que hay que rebajar el número de cesáreas”.

La torre de control del aeropuerto de Almería en torno ha perdido todo contacto con la aeronave de Salvamento Marítimo desde las 18.10 horas. El helicóptero realizaba unas prácticas rutinarias a cinco millas náuticas de la costa, según el servicio de emergencias 112 de Andalucía . Poco después, se divisaban bengalas rojas en el área en la que había desaparecido.

Las autoridades han movilizado un dispositivo de búsqueda formado por embarcaciones y helicópteros dotados de equipos de visión nocturna. Así han conseguido localizar y rescatar a uno de los tripulantes. Se trata de un varón que sufre hipotermia y una lesión en la cabeza, si bien no está grave pero ha sido evacuado al hospital Torrecárdenas. Continúa la búsqueda del resto de la tripulación de la aeronave siniestrada.

Los padres de una niña que padece una encefalopatía crónica y un grado de minusvalía del 97% como consecuencia de una negligencia médica, por haber retrasado el parto, deberán ser indemnizados con 600.000 euros por la Consejería de Sanidad de Murcia, según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJ).

La Sala de lo Contencioso-Administrativo estima así el recurso presentado por el letrado Pedro Alfonso García-Valcárcel contra la desestimación de la Consejería, a la que había solicitado con anterioridad una reparación por estos hechos en nombre de los padres.

Sin embargo, la Sala limita la indemnización a los citados 600.000 euros por todos los conceptos, incluido el daño moral sufrido por los padres, que habían reclamado 1,3 millones de euros más una pensión vitalicia de 2.000 euros mensuales.

La sentencia, que no es firme porque puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, condena también a la Consejería de Sanidad al pago de los intereses desde la fecha de la reclamación.

La Sala señala que la madre de la pequeña ingresó el 27 de julio de 1998 en el hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, a instancias de la tocóloga de Cieza que la atendía para un estudio de bienestar fetal y desde esa fecha y hasta el nacimiento de su hija se le realizaron monitores y ecografías que ya indicaban el estado poco favorable en que se encontraba el feto.

Añade que el 28 de julio se le practicaron dos ecografías que evidenciaban sufrimiento fetal, pues, en palabras de la propia matrona, el feto “no se oía”. La ginecóloga, a pesar de haber sido informada de esta situación, “decidió subir a la paciente a la planta alegando que aquél estaba dormido”.

Al día siguiente comenzaron las contracciones “y, a pesar de que se repetían cada cinco e incluso cada dos minutos, los facultativos adoptaron como única medida poner a la paciente de lado con la pierna encogida”.

Sufrimiento fetal

Horas después se le practicaba una cesárea por sufrimiento fetal, cuando, según dice el tribunal, “fue ése precisamente el motivo de su ingreso hospitalario y cuando las pruebas ya habían puesto de manifiesto que todo ello estaba ocurriendo y, sobre todo, cuando esta contingencia debería haberse previsto con anterioridad”.

Como consecuencia de estos hechos, la matrona M.J.L. fue juzgada por un delito de lesiones, pero un Juzgado de lo Penal de Murcia, en septiembre de 2004, dictó sentencia absolutoria, que fue confirmada por la Audiencia Provincial.

La pequeña sufre “una encefalopatía crónica no progresiva con tetraparesia espástica”, concluye la Sala.

Según García-Valcárcel, el año pasado se evitaron otros dos juicios al llegar a un acuerdo con el Servicio Murciano de Salud por el que éste abonó, por otras dos actuaciones médicas, 600.000 euros por cada una. El abogado ha resaltado la labor que realiza la Asociación de Víctimas de Negligencias Sanitarias de la Región de Murcia al canalizar la mayor parte de estos casos.

El TSJ obliga a indemnizar con 600.000 euros a unos padres cuya hija nació con una minusvalía al retrasarse la cesárea

A. GARCÍA Hubo una mala praxis y el resultado de la misma es atribuible al servicio público sanitario”. Así queda reflejado en una sentencia de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia notificada el pasado viernes y a la que ha tenido acceso esta redacción y en la que se condena a la consejería de Sanidad a indemnizar con 600.000 euros, más los intereses legales desde la fecha de reclamación, a unos padres cuya hija sufrió un déficit de oxígeno en las horas anteriores a su nacimiento. Una sentencia histórica.

La resolución indica que la recién nacida fue diagnosticada de asfixia neonatal y de encefalopatía hipóxico-isquémica, entre otros diagnósticos, y no hubo una correcta actuación sanitaria en el desarrollo de los acontecimientos.

Los hechos sucedieron en julio de 1998 cuando la madre, M.T.J.M., en avanzado estado de gestación, fue derivada por su tocóloga al hospital Virgen de la Arrixaca para que fuera sometida a un estudio de bienestar fetal. Después de dos días ingresada la pasaron a la sala de dilatación, donde se procedió a la ruptura artificial de la bolsa amniótica, tras lo que se indicó una cesárea urgente al realizarle un monitor no satisfactorio, a lo que se unía el líquido amniótico teñido y condiciones obstétricas nulas. En el resumen del parto quedó reflejado que la cesárea se realizó por sufrimiento fetal agudo y en la ‘historia del recién nacido’ se mencionaba “síntomas anormales”.

En la misma sentencia se indica que el ISSORM dictó un grado de minusvalía a la niña del 97% que posteriormente aumentó hasta un 99%. A esto se unen los informes médicos aportados por la defensa y en los que “no explican ni justifican el inaceptable retraso de más de dos horas desde que aparecieron los síntomas de sufrimiento fetal y hasta que se indicó la cesárea”. La parte demandada se opone a estas pretensiones, apuntando que “unas veces las cesáreas se llevan a cabo en menos tiempo y otras en más, según las circunstancias de cada caso”.

Los padres, asesorados por el abogado Pedro García Valcárcel, presentaron un año después de los hechos una reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Insalud -quien tenía las competencias de Sanidad en aquel momento y que fueron transferidas a la Comunidad en el año 2002-, aunque en las diligencias por un supuesto delito de lesiones la sentencia fue absolutoria y confirmada posteriormente por la Audiencia Provincial. Una vez agotada la vía Penal, los padres recurrieron a la Contencioso Administrativa, que ha acabado dándoles la razón.