Denunciamos la grave injusticia que se comete con aquello trabajadores aquejados de fuertes dolencias psíquicas y físicas y que nos son reconocidos por la administración pública como inválidos, y por tanto, con derecho a pensión.
Orientamos al trabajador, solicitamos la apertura del expediente, le aconsejamos a la hora de acudir a la visita con la EVI, le recurrimos en vía administrativa o le presentamos demanda judicial y lo defendemos en juicio, presentamos pruebas médicas específicas,…y todo ello para lograr le sea reconocido una pensión de invalidez, para muchos merecida.