DIARIO SUR MÁLAGA

Comienza el juicio por el accidente en el que murieron nueve finlandeses

La Audiencia Provincial acoge desde hoy el proceso contra el conductor cuyo todoterreno colisionó contra un autobús en Benalmádena y que se enfrenta a una petición fiscal de cuatro años de cárcel

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El accidente, ocurrido el 19 de abril de 2008, se saldó con la muerte de nueve personas. / Reuters

Ocurrió el 19 de abril de 2008 en la AP-7 a su paso por Benalmádena y el caso llega hoy a juicio. La Audiencia Provincial de Málaga es el escenario del juicio contra el conductor del todoterreno que colisionó con un autobús de turistas finlandeses y que dejó un trágico saldo de nueve fallecidos y 31 heridos. En concreto, será el Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga el que se encargue de dilucidar hasta dónde llega la responsabilidad del acusado: el fiscal pide para él cuatro años de cárcel, mientras que su defensa ha solicitado que se le imponga una pena de 6 meses de prisión por un delito contra la seguridad vial.

En la vista oral también estará presente el abogado de la acusación particular, que ejerce el abogado Manuel Temboury, quien coincide con el fiscal a la hora de pedir, además de la pena de prisión, la privación durante seis años del derecho de conducir vehículos a motor. El conductor está acusado además de un delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, conducción temeraria, nueve delitos de homicidio por imprudencia grave y 26 de lesiones por imprudencia grave así como otro delito de daños, pero éste solo consta en el escrito de acusación particular.

En el caso de la defensa, considera que los hechos constituyen un delito contra la seguridad vial, por el que solicita para su cliente una pena de seis meses de prisión y retirada del carné de conducir durante un año y seis meses. Señala que había consumido en una fiesta familiar «alguna bebida alcohólica», pero «sin que conste que incidiera en la conducción» en cuanto a mermar sus facultades.

Así ocurrió el accidente

El accidente ocurrió sobre las 19.30 horas cuando el turismo circulaba por la A-7 y se salió de la vía por el margen izquierdo, chocó con la barrera metálica y salió proyectado hacia el interior de la calzada, tras lo cual colisionó en el carril derecho con la parte posterior izquierda del autobús. A consecuencia del impacto, el autobús volcó sobre su costado derecho e impactó contra la barrera metálica, mientras que el todoterreno se salió de la vía por el margen derecho hasta quedar en una zona de arbolado y tierra.

Según las acusaciones, el joven dio positivo en las pruebas de alcoholemia y circulaba a una velocidad «inadecuada».

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La nave quedó a apenas doscientos metros de la pista de emergencia. Los pilotos aherrojados en la cabina. El morro hecho trizas. Manuel Temboury, abogado de doce de los pasajeros, además de la azafata y de la familia del comandante, habla de gritos, confusión, llamas. La certeza de que la máquina enfilaba la tierra. Otros ponen sobre la escena el manual de alarma, la voz del auxiliar Luis Checa preguntando por el estado de los supervivientes.

En siete segundos la caja negra pasó de registrar la preparación del aterrizaje a los movimientos a la desesperada. De la última comunicación con la torre de control de Málaga, en la que se daba cuenta de una llegada anormal, aunque protocolaria y moderadamente segura, a las palabras finales del piloto Mariano Hernández Ruano. Éste, según Temboury, fue el héroe de la catástrofe. En el último momento, maniobró para reconducir el avión y dejar que la cabina parapetase el golpe, lo que salvó a la mayor parte del pasaje. «La entrada le costó la vida, pero evitó el choque frontal en la parte de los viajeros», señala.

Diez años después del accidente persisten pocas dudas. La argucia del piloto redirigió el impacto hacia los primeros puestos de la nave. Los tres pasajeros fallecidos, Emilio Martínez Plaza, de 67 años, Mohamed Uassani, de 46, y Hervé Troadec, de 41, ocupaban las plazas situadas justamente detrás de la cabina de tripulantes.

En los días posteriores al siniestro se desató la alarma. Hubo escenas de pánico en los aeropuertos. Se dijo que los recursos destinados a Melilla eran insuficientes. Surgió la polémica sobre el modelo del avión, criticado, incluso, por los dirigentes de la Ciudad Autónoma. Hoy se sabe que no fue un fallo mecánico. «El avión fue seguro. No tuvo nada que ver», comenta Temboury.

La secuencia se esclarece en el informe de Aviación Civil. Veintinueve minutos después del despegue, a pocas millas de Málaga, el sistema alerta de un supuesto incendio en uno de los motores. Luis Checa, piloto experimentado, aunque eventualmente enrolado en el vuelo en las funciones de segundo de abordo, hace lo que se exige en estos casos. Desconecta el aparato y activa el mecanismo de respuesta. Sin embargo, se equivoca con el líquido de extinción, que rocía sin querer el segundo motor del aparato. Mariano lo advierte justo cuando requiere propulsión, el tiempo se agota y no hay nada que puede procurar la fuerza necesaria para estabilizar la nave en el aterrizaje.

«Me has parado los dos motores. ¡Me has parado los dos!», exclamó el comandante. El avión, recuerda Temboury, dispone de funciones para limpiar el motor rápidamente. Un minuto antes el error podía haber sido subsanado. Pero era demasiado tarde. Luis Checa, el copiloto, murió dos años después, víctima de un cáncer. La responsablidad de la catástrofe descansó judicialmente en la decisión de la compañía, que se valió de un piloto para cubrir las funciones de copilotaje, más vinculadas a la emergencia. El Binter y su cabeza colean aún en Málaga.

La tragedia del hombre a los mandos

Dos años después del accidente, Luis Checa, piloto con más de tres décadas de experiencia, aparecía dibujado en las crónicas como un hombre deshecho, triturado. El siniestro le había sumido en una depresión agravada por la muerte de su esposa, que se había producido unos meses antes del viaje con el Binter.

El comandante, natural de Aragón, se refugió parcialmente en su casa de Benalmádena, en la que pasaba buena parte del año. Murió en 2003, víctima del cáncer. El accidente le dejó heridas graves. Mariano Hernández Ruano, el piloto, que viajaba a su lado, murió en el acto. Él estuvo a punto de perder la vista. Salió de la nave con lesiones. Se dio de baja. Dicen que lo primero que acertó a preguntar fue por el estado del resto del pasaje. El hombre que se ocupó de la emergencia no era un novato de la aviación. Acumulaba casi 8.000 horas del vuelo. Treinta años de pilotaje. Fue incapaz de recordar lo sucedido en su comparecencia ante el juez.

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Los familiares de una joven de 28 años fallecida en 2010 en Benalmádena cuando tenía un embarazo ectópico que no le fue detectado al acudir al Hospital de Alta Resolución de la localidad han solicitado una indemnización superior a 123.000 euros por una supuesta negligencia médica.

La representación del que era su novio y los padres de la joven, que ejerce el abogado Manuel Temboury, ha formulado demanda de juicio ordinario contra la entidad Zurich, con la que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) tiene concertada una póliza de responsabilidad civil, documentación a la que ha tenido acceso Efe.

La mujer, de nacionalidad paraguaya y que trabajaba desde marzo de 2008 en España como cuidadora, acudió al mencionado hospital el 5 de septiembre de 2010 con dolor abdominal intenso y vómitos persistentes.

Comunicó que en 2003 había sufrido un embarazo ectópico que fue resuelto con aborto en su país de origen, según consta en el informe de urgencias.

En el centro se le realizaron varias pruebas, entre ellas una analítica y un test de embarazo en orina que resultó positivo, si bien no se le efectuaron pruebas complementarias como una ecografía, señala el letrado, que preside la Asociación de Abogados de Víctimas (ADEVI).

La joven fue dada de alta con el diagnóstico de infección urinaria, “poco compatible con la clínica de la paciente y en base a una analítica poco concluyente”, y falleció el 7 de septiembre en su domicilio por choque hipovolémico tras sufrir una rotura tubárica, indica el informe de autopsia.

En la demanda se destacan como deficiencias sanitarias por parte del SAS la falta de comunicación entre el facultativo de guardia y el servicio de Ginecología y de pruebas complementarias que hubieran detectado el problema, el error al diagnosticar infección de orina, y la actitud terapéutica inadecuada al darle el alta en dicho estado, con su historial.

Ante esta “sucesión de errores”, los demandantes piden una indemnización de 123.288,92 euros, de los que 105.676,22 euros corresponderían a la pareja de hecho de la fallecida y 8.806,35 euros a cada uno de los padres.

Temboury argumenta que la pareja tenía una relación consolidada, que iniciaron a mediados de 2008, estaba embarazada de él y convivían juntos.

Además, señala que aunque la cuantía de la indemnización se antoja escasa, tiene su límite legal en el decreto que regula el perjuicio por fallecidos en tráfico, que entiende que debe aplicarse de manera analógica a este supuesto.

Fuente: El Mundo

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La representación del exnovio y los padres de la joven, que ejerce el abogado Manuel Temboury, ha formulado demanda de juicio ordinario contra la entidad Zurich, con la que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) tiene concertada una póliza de responsabilidad civil, documentación a la que ha tenido acceso Efe.

La mujer, de nacionalidad paraguaya y que trabajaba desde marzo de 2008 en España como cuidadora, acudió al mencionado hospital el 5 de septiembre de 2010 con dolor abdominal intenso y vómitos persistentes.

Comunicó que en 2003 había sufrido un embarazo ectópico que fue resuelto con aborto en su país de origen, según consta en el informe de urgencias.

En el centro se le realizaron varias pruebas, entre ellas una analítica y un test de embarazo en orina que resultó positivo, si bien no se le efectuaron pruebas complementarias como una ecografía, señala el letrado, que preside la Asociación de Abogados de Víctimas (ADEVI).

La joven fue dada de alta con el diagnóstico de infección urinaria, “poco compatible con la clínica de la paciente y en base a una analítica poco concluyente”, y falleció el 7 de septiembre en su domicilio por choque hipovolémico tras sufrir una rotura tubárica, indica el informe de autopsia.

En la demanda se destacan como deficiencias sanitarias por parte del SAS la falta de comunicación entre el facultativo de guardia y el servicio de Ginecología y de pruebas complementarias que hubieran detectado el problema, el error al diagnosticar infección de orina, y la actitud terapéutica inadecuada al darle el alta en dicho estado, con su historial.

Ante esta “sucesión de errores”, los demandantes piden una indemnización de 123.288,92 euros, de los que 105.676,22 euros corresponderían a la expareja de hecho de la fallecida y 8.806,35 euros a cada uno de los padres.

Temboury argumenta que la pareja tenía una relación consolidada, que iniciaron a mediados de 2008, estaba embarazada de él y convivían juntos.

Además, señala que aunque la cuantía de la indemnización se antoja escasa, tiene su límite legal en el decreto que regula el perjuicio por fallecidos en tráfico, que entiende que debe aplicarse de manera analógica a este supuesto.

Fuente: La Opinión de Málaga

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La representación del exnovio y los padres de la joven, que ejerce el abogado Manuel Temboury, ha formulado demanda de juicio ordinario contra la entidad Zürich, con la que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) tiene concertada una póliza de responsabilidad civil, documentación a la que ha tenido acceso Efe.

La mujer, de nacionalidad paraguaya y que trabajaba desde marzo de 2008 en España como cuidadora, acudió al mencionado hospital el 5 de septiembre de 2010 con dolor abdominal intenso y vómitos persistentes. Comunicó que en 2003 había sufrido un embarazo ectópico que fue resuelto con aborto en su país de origen, según consta en el informe de urgencias.

En el centro se le realizaron varias pruebas, entre ellas una analítica y un test de embarazo en orina que resultó positivo, si bien no se le efectuaron pruebas complementarias como una ecografía, señala el letrado, que preside la Asociación de Abogados de Víctimas (Adevi). La joven fue dada de alta con el diagnóstico de infección urinaria, “poco compatible con la clínica de la paciente y en base a una analítica poco concluyente”, y falleció el 7 de septiembre en su domicilio por choque hipovolémico tras sufrir una rotura tubárica.

Fuente: Málaga Hoy

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El magistrado tuvo por personada a la acusación particular, ejercida por los letrados Manuel Temboury y Fernando Contreras, el 13 de julio de este año, lo que supone el inicio formal de las diligencias previas.

Según consta en la denuncia presentada por Daniel Florido, Susana, con la que tenía dos hijos de 13 y 7 años, respectivamente, decidió someterse a un aumento de mamas, lo que se llevó a efecto en una clínica sanitaria de la capital contra la que no se dirige la acción penal. Se operó el 3 de marzo de 2011, pero antes advirtió a los facultativos de que estaba «algo resfriada y con mucosidad y una fuerte tos», pero le dijeron, siempre según hace constar Florido en su denuncia, que no tenía importancia. Al día siguiente de la operación le dieron el alta y se marchó a casa, pasando el fin de semana con dificultad para respirar y para andar. El lunes 6 de marzo le quitaron el vendaje y le dijeron que todo estaba bien, pero ese día alcanzó los 40 grados de fiebre.

Fue llevada de urgencia por la familia al Clínico Universitario, donde le diagnosticaron una neumonía severa. Estuvo 16 jornadas en la Unidad de Cuidados Intensivos, hasta que pasó a planta. El mismo día que debía recibir el alta «empezó repentinamente a empeorar de nuevo como consecuencia de unas pastillas que le dieron». De hecho, denuncia el marido, le dijeron que si las toleraba se podía ir a casa. A los 40 minutos, le salieron ampollas por todo el cuerpo y presentaba quemaduras de segundo grado, pero se le trasladó al Carlos Haya donde existe una Unidad de Quemados. Según indica la denuncia, «el equipo médico que atendió a Susana en el Clínico reconoció que la misma había sufrido una reacción alérgica severa, la cual le produjo quemaduras en toda la piel del cuerpo».

En Carlos Haya le hicieron curas y comenzó a mejorar, pero una mañana su madre la encontró muy decaída. El equipo médico le dijo a la progenitora, siempre según el denunciante: «Parece que el anestesista se había pasado con las dosis de cloruro mórfico que se le suministró para combatir los fuertes dolores que padecía consecuencia de la reacción alérgica que la dejó despellejada». Las enfermeras invitaron a la familia a abandonar el centro, ni siquiera dejaron que se quedara la madre, como pidió la paciente.

En la noche del 10 de abril, llamaron al hospital para ver cómo se encontraba, aunque para entonces ya había sufrido una parada cardiorrespiratoria, falleciendo en la madrugada del 11 de abril.

Los abogados piden en su denuncia que los tres centros implicados remitan al juzgado toda la documentación médica que posean en relación con la intervención médica y los posteriores tratamientos, así como que se envíen al órgano los nombres de médicos y enfermeras que la atendieron «al objeto de poder delimitar la responsabilidad penal de cada uno consecuencia de la mala praxis médica». La denuncia fue presentada el 16 de mayo pasado.

Fuente: La Opinión de Málaga

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El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Málaga ha estimado íntegramente la demanda que presentó un hombre en la que reclamaba a la empresa Sevillana de Electricidad el pago de casi 10.000 euros por las lesiones sufridas tras caerse con una arqueta que estaba mal colocada, propiedad de dicha compañía, cuando caminaba por una calle de la capital malagueña.

El accidente ocurrió en septiembre de 2009. En la demanda, presentada bajo la dirección letrada del abogado Manuel Temboury, se explicaba que el perjudicado iba caminando por la calle Martínez de la Rosa, pisó la arqueta que se encontraba “mal colocada y se movía al pisarla”, cayendo al suelo y ocasionándose lesiones en el brazo, que tardaron en curar 58 días.

La compañía demandada alegó que las arquetas, pese a ser de su propiedad, no les corresponde el mantenimiento, “abonando una tasa por utilización privativa al Ayuntamiento”, añadiendo que no existe relación de causalidad y las lesiones y que el propio comportamiento del afectado “influyó en las secuelas resultantes”, según se señala en la sentencia.

Para el juez, “pese a que la demandada abone una tasa por la utilización privativa del dominio público y a que las facultades de policía las ostenten los ayuntamientos, no le exime de su deber de vigilancia del buen estado de las arquetas cuya propiedad ostenta y que, por causas de mantenimiento de la línea, debe vigilar también la no peligrosidad de las mismas para las personas”.

Asimismo, el magistrado determina en la resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, que, de las pruebas practicadas, sobre todo por la declaración de una testigo, la caída del hombre y las lesiones derivadas “se produjeron”, y añade que no ha quedado acreditado que fuera la actitud de la víctima la que contribuyera a las secuelas o a más días de impedimento.

En este punto, añade que no acudió a la rehabilitación “por no haber sido citado para ello” y, según una perito, dicho tratamiento rehabilitador “hubiera calmado el dolor, pero no por sí mismo acorta el periodo de curación”. Por tanto, concluye que “acreditado el evento, la producción del daño y el nexo causal derivado de la culpa ‘in vigilandi’, la demanda debe ser estimada”.

Fuente: El Mundo

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El accidente ocurrió en septiembre de 2009. En la demanda, presentada bajo la dirección letrada del abogado Manuel Temboury, se explicaba que el perjudicado iba caminando por la calle Martínez de la Rosa, pisó la arqueta que se encontraba “mal colocada y se movía al pisarla”, cayendo al suelo y ocasionándose lesiones en el brazo, que tardaron en curar 58 días.

La compañía demandada alegó que las arquetas, pese a ser de su propiedad, no les corresponde el mantenimiento, “abonando una tasa por utilización privativa al Ayuntamiento”, añadiendo que no existe relación de causalidad y las lesiones y que el propio comportamiento del afectado “influyó en las secuelas resultantes”, según se señala en la sentencia.

Para el juez, “pese a que la demandada abone una tasa por la utilización privativa del dominio público y a que las facultades de policía las ostenten los ayuntamientos, no le exime de su deber de vigilancia del buen estado de las arquetas cuya propiedad ostenta y que, por causas de mantenimiento de la línea, debe vigilar también la no peligrosidad de las mismas para las personas”.

Asimismo, el magistrado determina en la resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, que, de las pruebas practicadas, sobre todo por la declaración de una testigo, la caída del hombre y las lesiones derivadas “se produjeron”, y añade que no ha quedado acreditado que fuera la actitud de la víctima la que contribuyera a las secuelas o a más días de impedimento.

En este punto, añade que no acudió a la rehabilitación “por no haber sido citado para ello” y, según una perito, dicho tratamiento rehabilitador “hubiera calmado el dolor, pero no por sí mismo acorta el periodo de curación”. Por tanto, concluye que “acreditado el evento, la producción del daño y el nexo causal derivado de la culpa ‘in vigilandi’, la demanda debe ser estimada”.

Fuente: La Opinión de Málaga

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La compañía demandada alegó que las arquetas, pese a ser de su propiedad, no les corresponde el mantenimiento, “abonando una tasa por utilización privativa al Ayuntamiento”, añadiendo que no existe relación de causalidad y las lesiones y que el propio comportamiento del afectado “influyó en las secuelas resultantes”, según se señala en la sentencia.

Para el juez, “pese a que la demandada abone una tasa por la utilización privativa del dominio público y a que las facultades de policía las ostenten los ayuntamientos, no le exime de su deber de vigilancia del buen estado de las arquetas cuya propiedad ostenta y que, por causas de mantenimiento de la línea, debe vigilar también la no peligrosidad de las mismas para las personas”.

Asimismo, el magistrado determina en la resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, que, de las pruebas practicadas, sobre todo por la declaración de una testigo, la caída del hombre y las lesiones derivadas “se produjeron”, y añade que no ha quedado acreditado que fuera la actitud de la víctima la que contribuyera a las secuelas o a más días de impedimento.

En este punto, añade que no acudió a la rehabilitación “por no haber sido citado para ello” y, según una perito, dicho tratamiento rehabilitador “hubiera calmado el dolor, pero no por sí mismo acorta el periodo de curación”. Por tanto, concluye que “acreditado el evento, la producción del daño y el nexo causal derivado de la culpa ‘in vigilandi’, la demanda debe ser estimada”.

Fuente: Europa Press

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